jueves, 24 de noviembre de 2011

La Comisión Europea denuncia a España por incumplir la directiva comunitaria.


          Los estados miembros de la unión según la directiva comunitaria 2002/91 deben establecer un método de cálculo de la eficiencia energética de todo tipo de edificios, así como exigir el cumplimiento de las normas establecidas para edificios nuevos y aquellos edificios grandes que sean objeto de una rehabilitación energética importante y se encuentren entre las tipologías designados en los artículos 4 y 6 de la directiva. Por otra parte también deben de garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y disponer de un protocolo de mantenimiento y control de las calderas y sistemas de aire acondicionado.

          Desde Bruselas aseveran que España no activó las medidas para establecer un régimen de inspección de las calderas por lo que hace un año, en Noviembre de 2010 la comunidad solicitó a España el cumplimiento íntegro de los requisitos.

          Ahora la comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por no cumplir la directiva ya mencionada, esgrimiendo que la metodología aplicada en España para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios y los condicionantes para conseguir la certificación energética se aplican solo en edificaciones de nueva construcción y en rehabilitaciones de gran entidad, pero sin ceñirse a lo descrito en la directiva.

          Desde España se ha pretendido realizar un ajuste de su legislación a las normas Europeas, aunque el ejecutivo comunitario señala que con estas modificaciones no se da pleno cumplimiento.

          El Ejecutivo Europeo establece éstas como cuestiones fundamentales del Derecho Europeo, considerando el Certificado de Eficiencia Energética una garantía de calidad de la construcción y ahorro en lo referente a costes energéticos. También actúa como herramienta para la negociación en la compra venta de inmuebles y contratación de alquileres, ya que la estadística indica que los demandantes están dispuestos a asumir un sobreprecio por inmuebles más eficientes.

          Con la directiva, la unión pretende reducir significativamente el consumo de energía de los edificio para contribuir a la ralentización del calentamiento global, puesto que los edificio se consideran responsables del 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de CO2 en la Union Europea. Además es importante que los hogares reduzcan drásticamente sus facturas para afrontar con menos dificultad la crisis económica de nos azota.

Por: Mario Ortega Pascual.

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